Abolida la pena de muerte para menores de 18 años en EUA

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1 de marzo de 2005 Por una mayoría de 5 a 4, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió, en el caso Roper contra Simmons, que es inconstitucional imponer la pena de muerte como castigo por crímenes cometidos antes de cumplir los 18 años Durante el proceso, se citó la Octava Enmienda, que protege a los ciudadanos de castigos crueles y extraordinarios.

Como procesos relacionados, en 1988 se decidió la inconstitucionalidad de las ejecuciones por crímenes cometidos antes de los 16, y en 1989 ya se discutió sobre los menores de 18 y los disminuídos psíquicos, considerando que sí podían ser ejecutados. En 2003 se revisó la cuestión de los disminuídos psíquicos, y se decidió que los estándares de decencia habían evolucionado, y que en ese momento la ejecución de disminuídos psíquicos se consideraba un castigo cruel y extraordinario, y por tanto era inconstitucional.

Hay una evolución similar del "cambio en el estándar" concerniente a los menores de edad, por estudios científicos que muestran su falta de madurez y de sentimiento de responsabilidad, en comparación con los adultos. Asimismo, en casi todos los estados tienen prohibido votar, actuar en un jurado, o casarse sin consentimiento parental. Finalmente, hay un consenso nacional en la eliminación de este tipo de ejecuciones, con un retroceso de los estados que la permiten, y, dentro de los que la permiten, una clara disminución de los que la aplican.

Por otra parte, también hay cierto consenso internacional en este aspecto. Desde 1990, sólo otros siete países (Iran, Pakistan, Arabia Saudí, Yemen, Nigeria, la República Democrática del Congo y China) han ejecutado por crímenes cometidos antes de los 18, y desde entonces cada uno de los siete a abolido la práctica o la ha condenado en público. De hecho, sólo Estados Unidos y Somalia faltan por ratificar el artículo 37 de la convención de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño, que prohibe expresamente la ejecución por crímenes de menores de edad.

Los jueces que votaron en contra pusieron en duda el consenso nacional a este respecto, así como la conveniencia de aceptar la guía de otros países a la hora de interpretar la constitución.

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